El Alcalde de Málaga Francisco de la Torre debe dimitir. Y si no es así el PP malagueño debería cesarlo inmediatamente ante el rechazo de la COTUA de aprobar el PGOU de Málaga.
El Alcalde ha llevado a que la ciudad de Málaga, la quinta de España, haya tenido que retirar su plan general después de 5 años de elaboración por la inseguridad jurídica que planteaba a los propietarios de suelo en la ciudad, de aquellos que habitamos Málaga sobre sus derechos sobre la propiedad de lo suyo.
A Francisco de la Torre tras el varapalo, el nuevo retraso en la aprobación de este pgou que antes de nacer está anticuado y caduco, dice que "está sorprendido". en vez de reconocer que es un alcalde irresponsable. Que ha jugado con el futuro de la ciudad de Málaga y los malagueños simplemente atendiendo a los beneficios de unos pocos.
¿Sorprendido o irresponsable?
La falacia de aquel que se ha negado a plasmar lo que los informes desde 2006 le venían exigiendo, falacia de aquel que estaba intentando saltarse la legalidad simplemente por contar con mayoría absoluta, falacia del que ha metido a las promotoras y constructoras malagueñas, a los propietarios de casas o solares en Málaga en un jardín sin flores, sin agua y que estaba en venta.
Ha generado expectativas sobre el suelo, ha favorecido movimientos especulativos y tensiones urbanizadoras sobre suelos protegidos, ha llevado a que Málaga, en el plano urbanístico sea más parecida a una república bananera
El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, los colectivos sociales, agentes económicos y sociales han advertido al PP desde hace años que la ley es igual para todos y que hay que cumplirla, tanto ayuntamientos, comunidades autónomas, empresarios, ciudadanos, jóvenes o mayores... Esa es la garantía de nuestro estado de derecho, pero Francisco de la Torre quería saltarse la ley, amenazando con presentar denuncias ante los tribunales, amparado en unas competencias municipales adptadas a los caprichos del alcalde en cada momento.
Era la crónica anunciada de un plan general de ordenación urbana que el Alcalde del PP planteó como una cuestión victimista, de agravio de Sevilla contra Málaga, para ocultar que estaba saltándose la legalidad,los informes sectoriales vincunlantes y de oblidado cumplimiento, sin incluir las exigencias del POTAUM o generando inseguridad jurídica en las modificaciones del documento inicial planteado.
Un Plan General que después de 5 años y más de 6 millones de euros (1.000 millones de las antiguas pesetas) contó con la aoposición de los colectivos sociales malagueños, del colegio de arquitectos, de empresarios y que ha sido el primero en la historia democrática malagueña que se aprueba sin el consenso de los grupos políticos del Ayuntamiento.
El PGOU de Málaga se gestó para dar un respiro económico a la deuda del ayuntamiento de más de 618 millones de euros (120.000 millones de pesetas) incluyendo convenios urbanísticos por valor de 208 millones firmados por el Alcalde en contra de los intereses generales de los malagueños y de la ciudad.
Por otro lado el PGOU de Málaga se convirtió en un instrumento insostenible que ocupaba todo el territorio, impidiendo futuros desarrollos, que no contaba con previsiones como la demanda de agua potable de la ciudad en el futuro.
En definitiva, el PGOU en buena parte desde su tramitación hasta el documento enviado a la Consejería de Ordenación ha sido una chapuza lamentable, plagada de compromisos ocultos, un puzle de convenios urbanísticos que creaban grandes problemas para el futuro de la ciudad y que no propone un modelo de ciudad acorde con las necesidades de Málaga: oportunidades de desarrollo económico futuro y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos malagueños.
Desde 2005 se veía venir lo que ha ocurrido pero quién paga la imagen dañada de la ciudad de Málaga, quién paga por la inseguridad jurídica generada a 600.000 malaguelos, quién paga por la irresponsabilidad de generar tensiones urbanísticas en nuestra ciudad, quién paga por la incertidumbre empresarial de aquellos que tienen inversiones en Málaga, quién paga por el agotamiento de los suelos en la ciudad de Málaga para el futuro, quién paga por haber gastado mil millones en un pgou inservible, quién paga por atender a intereses de algunos contra el interés general de la ciudad de Málaga, quién paga por dañar la imagen de Málaga ante cualquiera que quiera invertir o comprar una casa en Málaga?.
El PP debería cesar al Alcalde y elegir entre sus concejales un nuevo regidor que se preocupe por los intereses de Málaga y recuperar la imagen dañada y la seguridad jurídica en el urbanismo de la ciudad de Málaga.
El Alcalde ha llevado a que la ciudad de Málaga, la quinta de España, haya tenido que retirar su plan general después de 5 años de elaboración por la inseguridad jurídica que planteaba a los propietarios de suelo en la ciudad, de aquellos que habitamos Málaga sobre sus derechos sobre la propiedad de lo suyo.
A Francisco de la Torre tras el varapalo, el nuevo retraso en la aprobación de este pgou que antes de nacer está anticuado y caduco, dice que "está sorprendido". en vez de reconocer que es un alcalde irresponsable. Que ha jugado con el futuro de la ciudad de Málaga y los malagueños simplemente atendiendo a los beneficios de unos pocos.
¿Sorprendido o irresponsable?
La falacia de aquel que se ha negado a plasmar lo que los informes desde 2006 le venían exigiendo, falacia de aquel que estaba intentando saltarse la legalidad simplemente por contar con mayoría absoluta, falacia del que ha metido a las promotoras y constructoras malagueñas, a los propietarios de casas o solares en Málaga en un jardín sin flores, sin agua y que estaba en venta.
Ha generado expectativas sobre el suelo, ha favorecido movimientos especulativos y tensiones urbanizadoras sobre suelos protegidos, ha llevado a que Málaga, en el plano urbanístico sea más parecida a una república bananera
El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, los colectivos sociales, agentes económicos y sociales han advertido al PP desde hace años que la ley es igual para todos y que hay que cumplirla, tanto ayuntamientos, comunidades autónomas, empresarios, ciudadanos, jóvenes o mayores... Esa es la garantía de nuestro estado de derecho, pero Francisco de la Torre quería saltarse la ley, amenazando con presentar denuncias ante los tribunales, amparado en unas competencias municipales adptadas a los caprichos del alcalde en cada momento.
Era la crónica anunciada de un plan general de ordenación urbana que el Alcalde del PP planteó como una cuestión victimista, de agravio de Sevilla contra Málaga, para ocultar que estaba saltándose la legalidad,los informes sectoriales vincunlantes y de oblidado cumplimiento, sin incluir las exigencias del POTAUM o generando inseguridad jurídica en las modificaciones del documento inicial planteado.
Un Plan General que después de 5 años y más de 6 millones de euros (1.000 millones de las antiguas pesetas) contó con la aoposición de los colectivos sociales malagueños, del colegio de arquitectos, de empresarios y que ha sido el primero en la historia democrática malagueña que se aprueba sin el consenso de los grupos políticos del Ayuntamiento.
El PGOU de Málaga se gestó para dar un respiro económico a la deuda del ayuntamiento de más de 618 millones de euros (120.000 millones de pesetas) incluyendo convenios urbanísticos por valor de 208 millones firmados por el Alcalde en contra de los intereses generales de los malagueños y de la ciudad.
Por otro lado el PGOU de Málaga se convirtió en un instrumento insostenible que ocupaba todo el territorio, impidiendo futuros desarrollos, que no contaba con previsiones como la demanda de agua potable de la ciudad en el futuro.
En definitiva, el PGOU en buena parte desde su tramitación hasta el documento enviado a la Consejería de Ordenación ha sido una chapuza lamentable, plagada de compromisos ocultos, un puzle de convenios urbanísticos que creaban grandes problemas para el futuro de la ciudad y que no propone un modelo de ciudad acorde con las necesidades de Málaga: oportunidades de desarrollo económico futuro y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos malagueños.
Desde 2005 se veía venir lo que ha ocurrido pero quién paga la imagen dañada de la ciudad de Málaga, quién paga por la inseguridad jurídica generada a 600.000 malaguelos, quién paga por la irresponsabilidad de generar tensiones urbanísticas en nuestra ciudad, quién paga por la incertidumbre empresarial de aquellos que tienen inversiones en Málaga, quién paga por el agotamiento de los suelos en la ciudad de Málaga para el futuro, quién paga por haber gastado mil millones en un pgou inservible, quién paga por atender a intereses de algunos contra el interés general de la ciudad de Málaga, quién paga por dañar la imagen de Málaga ante cualquiera que quiera invertir o comprar una casa en Málaga?.
El PP debería cesar al Alcalde y elegir entre sus concejales un nuevo regidor que se preocupe por los intereses de Málaga y recuperar la imagen dañada y la seguridad jurídica en el urbanismo de la ciudad de Málaga.
Comentarios
Saludos.