El Derecho a la Huelga
El gobierno Rajoy acumula en un año dos huelgas generales. Jamás se
había producido ese hecho en España pero tampoco se habían acometido tantos
abusos en forma de recortes contra la población española que soporta una tasa
de paro de un 25 %.
Pero nuevamente la respuesta del PP, a través de la presidenta de esa
formación en Madrid, fue emprenderla a patadas contra los derechos
constitucionales “que se prohiba la huelga general”. Le tocaba a la
señora Esperanza Aguirre pisotear u olvidar, póngale cada uno el verbo que
considere, el Artículo 28.2 de la Constitución española que dice: Se
reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses”.
Hace unos
día fue el ministro del Interior el que venía a decir que le importaba un
pimiento o dos lo que haya sentenciado el Tribunal Constitucional sobre el
matrimonio de personas del mismo sexo. "Juro o prometo cumplir
fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución”
La reforma
laboral del PP que entró en vigor el pasado 12 de febrero, lejos de dar sus
frutos generando empleo, hace que la ministra de Empleo del gobierno tenga que
salir en televisión a pedir piedad o “sensibilidad” a Iberia ante los miles de
despidos previstos. ¿Dónde ha quedado la potestad del gobierno de España y de
los sindicatos en la defensa de los trabajadores?
Hace unos días cayó en mis manos una hoja informativa de la Unión
General de Trabajadores (UGT) convocando a la Huelga General del 14 de
noviembre. Algunas de la razones que llaman al paro general contra la política
que abarata el despido mediante la reforma laboral y se hace más fácil, más
barato y más rápido. Se reducen las prestaciones por desempleo. Se fomenta la
precariedad en los jóvenes, condenándolos al subempleo y al desempleo.
Se fomenta la privatización de los servicios públicos como el
transporte sanidad educación y comunicaciones. Aumento de impuestos a la
ciudadanía como el IRPF y el IVA Repago farmacéutico, paralización de la Ley de
la Dependencia, deterioro de la enseñanza pública...
Son muy
amplias y muy personales las motivaciones que ante la convocatoria de paro
general pueden afectar a cualquier ciudadano español ya se considere clase
trabajadora o clase media. Ninguno se ha escapado a los recortes en servicios,
ni de sus derechos. Bueno algunos pocos, los más privilegiados, puede que no
hayan encontrado motivos para secundar ese paro. La desigualdad entre ricos y
pobres encuentra en la crisis grandes oportunidades.
La
ambiciosa en justicia labor emprendida por aquellos primeros militantes
obreros, que pusieron en marcha ese sindicato allá por 1888, aún no ha acabado.
Es síntoma que los derechos igual que se consiguen, también se pierden si no se
protegen. En el caso de los derechos laborales cualquier parón acaba
desembocando en un retroceso. Más de 124 años de historia, de compromiso para
conseguir cualquier avance por pequeño que sea. Ningún logro social ha sido un
regalo.
La Unión
General de Trabajadores ha tenido que hacer frente a muchas dificultades
incluidas dos dictaduras, una de hasta cuarenta años de vigencia con mecanismos
de represión que llevaron a la detención y asesinato de sus dirigentes en cada
pueblo y al exilio a miles de personas.
La Unión
General de Trabajadores extendió sus reivindicaciones al campo y al trabajo de
los jornaleros sin tierra. Ese trabajo desarrollado en las tres primeras
décadas del siglo XX llevaron a que el sindicato socialista llegase al millón
de afiliados con la proclamación de la República.
Aún
pervive en nuestras relaciones laborales algunos de los logros que el antiguo
dirigente ugetista Francisco Largo Caballero, como ministro de Trabajo del
primer gobierno republicano, puso en marcha: jurados mixtos, jornada máxima,
salario mínimo, regulación contratos laborales, los convenios colectivos y un
largo etcétera...
Las
Comisiones Obreras soportaron el peso de la lucha por las libertades en las
fábricas españolas del franquismo. Líderes como Marcelino Camacho han grabado
en oro páginas negras de la consecución de los derechos laborales en España.
¿Cuánto le debe la sociedad española a las CCOO?
La actual reforma laboral
también está pendiente de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El
pasado día 5 de octubre hasta 9 puntos de esa reforma fueron denunciados por
incumplir el texto constitucional y vulnerar los derechos de los trabajadores.
La admisión a trámite ya se ha producido. Es una pena que la Defensora del
Pueblo, Sra. Soledad Becerril, histórica dirigente del PP, no encontrase esos
motivos cuando CCOO y UGT le trasladaron su posible inconstitucionalidad.
La guerra
de cifras y de participación se han convertido en leyenda. Para unos el
manifestante es su tercera parte o por el contrario es elevado a ene. Muchos
trabajadores que quieren ir a trabajar y no pueden. Muchos otros que no pueden
ejercer su derecho a huelga bajo “recomendaciones” de todo tipo por parte del
empresario.
Los
jóvenes de la democracia tenemos pendiente el asumir el papel de los sindicatos
en la consecución de los niveles de libertad y bienestar alcanzados en la
sociedad española. Nuestros mayores siguen dando ejemplo diario de solidaridad
y compromiso por un mundo mejor para sus hijos y nietos del que ellos tuvieron.
El partido que soporta el
Gobierno de España debe aprender que los derechos de los ciudadanos no son un
mero trámite que recortar. Y que cada uno de los manifestantes, personas, que
van a la huelga no es un número al que dividir por 25, en función de la
búsqueda de un titular.
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