Caso Fabra
Considera que el presidente provincial mantuvo contactos con el gabinete de Presidencia para favorecer a Vilar - Retira la imputación contra 9 altos cargos del Gobierno de Aznar
J. A. CASTELLÓ El escrito de acusación del fiscal anticorrupción revela que Carlos Fabra se empleó a fondo a la hora de mover sus contactos para favorecer a la empresa Naranjax.
La Fiscalía da como hecho probado que el día 12 de julio de 1999 el presidente de la diputación mantuvo una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posadas, el ex secretario de Hacienda y diputado del PP Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim, en la que se abordaron los problemas que tenía Vicente Vilar para lograr que las comisiones técnicas ministeriales aprobaran sus productos plaguicidas.
Además, el 18 de octubre de ese año Naranjax, la empresa de Vilar, obtuvo la licencia para comercializar los productos, tras lo cual Fabra le pidió que le pagara 25 millones de pesetas.
Según el escrito del ministerio público, Carlos Fabra llegó a mantener reuniones con ese mismo objetivo con Alfredo Timermans, en aquella época director del gabinete del presidente José María Aznar, y con la entonces ministra de Sanidad Celia Villalobos. Como anécdota de estos seis años de investigación judicial del caso Fabra quedará que la justicia no pudo localizar a Timermans, ya que el hombre de confianza de Aznar se marchó a vivir a Estados Unidos y ni el PP ni el Ministerio de Asuntos Exteriores fueron capaces de hallar su domicilio. Otro episodio curioso lo protagonizó Celia Villalobos, que declaró como testigo y por escrito. La ministra quiso dejar claro que Fabra y Vilar fueron a visitarla a su despacho para hablar de Naranjax, aunque -según dijo- los echó a los cinco minutos.
El fiscal Luis Pastor recoge en su escrito de acusación provisional que el interés de Carlos Fabra en Naranjax era tal que llegó a implicar en estas negociaciones a su compañero de partido, el ex parlamentario Miguel Prim, y al ex subdelegado del Gobierno en Castelló, Vicente Sánchez Peral, hoy fallecido.
Al menos cuatro ex ministros del PP prestaron declaración en la Audiencia de Castelló como testigos: Jesús Posadas, Juan Costa, Arias Cañete y Celia Villalobos.
El fiscal ha levantado la imputación contra los 9 cargos de los gobiernos de Aznar, sin embargo.
Por otra parte, la dirección nacional del PP esperará a que haya una decisión judicial en firme antes de sopesar cualquier medida disciplinaria contra Fabra y restan importancia a la elevada petición de prisión que ha realizado el fiscal porque depende del Gobierno.
El fiscal exige que se devuelva el dinero
El fiscal Luis Pastor ha pedido que Fabra pague una multa de 600.000 euros por el delito de cohecho y el «comiso de las cantidades percibidas». Además, por los delitos de fraude fiscal, el ministerio público solicita diferentes multas para Fabra con arreglo al dinero evadido al erario público. Así, por el agujero fiscal correspondiente a 1999, reclama una multa de 500.000 euros; 300.000 por el ejercicio 2000; 280.000 euros por las irregularidades fiscales detectadas en 2001; 350.000 por el ejercicio 2002; y 300.000 euros por no declarar a Hacienda todos sus ingresos en 2003.
En resumen, el fiscal solicita para el presidente de la Diputación de Castelló una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado.
En el caso de su mujer, exige una multa de 1.186.000 euros por 4 delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para Vilar y Vives Plaja requiere una sanción económica de 600.000 euros.
La denuncia que originó el caso Fabra fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar, quien acusó al líder del PP de cobrarle por hacer gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones fitosanitarias. A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en su IRPF de 1999. Tirando del ovillo, los inspectores llegaron a un fraude aún mayor.
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